Colombia's Escalating Humanitarian Crisis Reaches Critical Levels Amid Ongoing Armed Conflict
Familiares de las víctimas se abrazan frente a un autobús alcanzado por un artefacto explosivo en la Carretera Panamericana en Cajibio, Colombia, el 25 de abril de 2026, luego de un ataque que las autoridades atribuyeron a grupos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC y que dejó al menos una docena de muertos. (AP Foto/Santiago Saldarriaga, Archivo)
POR ASTRID SUÁREZ Updated [hour]:[minute] [AMPM] [timezone], [monthFull] [day], [year] Add AP News on Google Add AP News as your preferred source to see more of our stories on Google. Share
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BOGOTÁ (AP) — Las consecuencias humanitarias de los conflictos armados en Colombia alcanzaron en 2026 el nivel más grave de la última década con la intensificación de las hostilidades y la afectación a la población civil, advirtió el martes el Comité Internacional de la Cruz Roja en su informe anual.
“No fue un hecho aislado, se enmarcó en un deterioro progresivo de la situación humanitaria que el CICR ha venido advirtiendo desde 2018”, aseguró en un video difundido a la prensa Olivier Dubois, jefe de la delegación regional del CICR en Bogotá. “Los conflictos armados persistieron, se volvieron más complejos y sus efectos sobre la población civil se profundizaron”, explicó.
Colombia sigue lidiando con violencia armada pese a que hace una década el Estado firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que significó el fin de la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Sin embargo, otros grupos armados —incluyendo disidencias de las FARC que se rearmaron— coparon el territorio y ahora se disputan su control, estratégico para dominar las economías ilegales.
Los indicadores muestran un deterioro de la situación en 2026 particularmente en el aumento del desplazamiento, que creció un 100% con respecto al año anterior, lo que impactó a más de 235.600 personas en todo el país. Así como el confinamiento, que restringe el movimiento bajo amenaza, aumentó en un 99% impactando a 176.730 personas en la mitad del país.
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El departamento de mayor concentración de desplazamiento y confinamiento fue Norte de Santander, donde se ubica la región del Catatumbo, una zona fronteriza con Venezuela que desde hace un año está en disputa de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y una disidencia FARC.
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Las fuerzas militares informaron el martes que impactaron un campamento del ELN en Catatumbo con operaciones militares, que incluyeron un bombardeo, afectando al “núcleo de seguridad” del comando central y presuntamente dejando siete muertos de los que no se conoce su identidad, dado que habrían sido extraidos por el grupo ilegal. El presidente Gustavo Petro indicó que el bombardeo en zona fronteriza con Venezuela estuvo dentro de lo acordado con el gobierno de ese país.
Los drones como arma en los conflictos
El CICR registró 965 afectados por artefactos explosivos durante 2026, incluidos 75 civiles afectados por minas antipersonales. Se trata de un peligro latente sobre las comunidades dado que incluso en el camino de acceso a escuelas hubo presencia de explosivos, así como en los alrededores de viviendas y cultivos.
El informe también advierte sobre la transformación de las dinámicas de los conflictos armados, incluido el uso de drones con explosivos.
“El uso de drones de origen comercial modificados para el lanzamiento de artefactos explosivos se ha intensificado en el contexto de los conflictos armados en el país y ha generado temor, incertidumbre y daños graves entre las comunidades afectadas”, indicó el CICR.
Los drones son usados por grupos armados ilegales para lanzar explosivos y atacar objetivos militares y a la población civil. En febrero, tres integrantes de una misma familia murieron y uno más resultó herido tras un ataque con explosivos lanzados con un dron en el noroeste de Colombia.
El CICR instó a los grupos armados a cumplir el Derecho Internacional Humanitario y también llamó la atención sobre la desaparición el año pasado de 308 personas, de las cuales 226 son civiles, incluidos 77 niños y adolescentes. Advirtió que en muchos casos no se garantizó que las personas que murieron en contextos de conflicto fueran recuperadas.